A continuación un Extracto del Reportaje THE CLINIC (ver aquí reportaje completo)
En menos de 24 horas la iniciativa popular “Cannabis a la Constitución Ahora” logró alcanzar el mínimo de firmas necesarias (15.000) para pasar a ser revisada en la Convención Constitucional.
43 organizaciones, asociaciones, emprendimientos y profesionales fueron los que conformaron el colectivo que impulsó la iniciativa, la cual indica como propuesta de articulado, entre otros aspectos, lo siguiente:
“El Estado reconoce como límite de sus facultades, atribuciones y poderes, la soberanía personal, la autonomía sobre los propios cuerpos y la dignidad humana, respetando el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético. Ninguna norma de carácter punitivo o sancionatorio podrá establecerse sobre dichas conductas ni sobre el acceso a las sustancias para consumo personal”.
A pesar del gran respaldo que ha tenido la iniciativa en la Plataforma Digital de Participación Popular, sumando 36.695 apoyos hasta el martes 18 de enero, no ha estado exenta de críticas y opiniones divididas. Más allá de si es buena idea o no legalizar el consumo de cannabis en sus distintas facetas (terapéutico y/o recreativo), la mayoría de las críticas se orientan a la siguiente pregunta: ¿Es realmente la Convención Constitucional el lugar propicio para discutir la legalización del cannabis?
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¿Por qué proponerlo en la Convención Constitucional?
“Existen múltiples razones para llevar este tema a la Convención Constitucional, partiendo por el hecho de que esto fue para lo que fue creada, y porque podemos hacerlo, a pesar de que existen grupos a los cuales les gusta ver una comunidad oculta y marginada”, dice Hernán Bocaz, abogado y director de la Clínica Jurídica de Fundación Daya, y uno de los abogados que colaboró en la elaboración de la iniciativa.
En las primeras reuniones que tuvieron las organizaciones que propulsaron esta propuesta, explica Bocaz, ya sabían que eventualmente algunas personas podrían señalar que era un tema que correspondía a materia de ley y no de la Constitución. Sin embargo siguieron adelante con la idea porque, aseguran, ese pensamiento es errado.
En primer lugar, dice Rodrigo, es errado porque existe una comisión encargada de la admisibilidad de las propuestas, la cual dio el visto bueno a la iniciativa. “Además de señalar que la comisión de admisibilidad hizo su trabajo y determinó que nuestra propuesta es constitucional, estimamos que el trabajo de enmarcar y concretizar la propuesta que entregamos a la Convención, es justamente de los mismos convencionales: ¿No es acaso demasiado pretencioso ordenar qué es justo y urgente y qué no? Este trabajo corresponderá a la Convención y los Convencionales”, explica.
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Andrea Ruiz, abogada y magíster en Derecho Público, señala que la propuesta es distinta cuando se aborda desde una mirada de Derechos Humanos. “La posibilidad que tienen las personas de decidir soberanamente sobre sus acciones, sobre su forma de desarrollar su vida, eso es un tema de derechos humanos, y nosotros como país no lo hemos logrado entender así, o el Estado en el que vivimos los ciudadanos no lo entiende así, y por tanto cuando uno ve el efecto que tiene respecto del cannabis o del uso del cannabis para fines medicinales, eso te habla de que no tenemos un derecho al desarrollo integral de la persona, al libre desarrollo de la personalidad”, explica Ruiz.
“Yo creo que ahí está el tema, qué es lo que se lleva a la constitución. No es si es bueno o es malo, la constitución va a tener que ser desarrollada por leyes especiales o por leyes a posteriori, pero no puede perderse de vista que es necesario reconocer el derecho para que ese derecho ampare a las personas”, añade la abogada.
