El abogado Juan Pablo Olmedo Bustos representa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de 23 niños y adolescentes de la comunidad campesina de Cabana, Puno, quienes fueron intoxicados con alimentos en mal estado suministrados por el programa estatal de alimentación escolar “Qali Warma” (actualmente “Wasi Mikuna”).
El incidente, ocurrido el 25 de marzo de 2024, dejó a los menores con secuelas físicas y emocionales, sin recibir atención médica adecuada. Investigaciones revelaron que funcionarios de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) alteraron informes a cambio de sobornos para encubrir a la empresa proveedora Frigoinca, responsable de distribuir alimentos contaminados con carne en descomposición, gusanos y excrementos de roedores.
Este caso ha puesto en evidencia una red de corrupción dentro del programa de alimentación escolar, afectando a niños en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país. Por ello, organizaciones como PROÉTICA e IDEH ILLARIY han solicitado medidas cautelares a la CIDH (MC-269-25) para que el Estado peruano garantice la salud, integridad y derechos de los menores afectados, además de reforzar la transparencia y fiscalización del programa.
📌 Fuente: PROÉTICA
